El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023.
La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
- La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación.
Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, según una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
El TSA también consideró que la inactividad de la concesión afectaba el interés general asociado al aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, por lo que entendió que los incumplimientos tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.
